Proyecto de ley pretende reducir Parque Nacional Marino Las Baulas

- Viola artículo 38 de la Ley Orgánica de Ambiente.

Sin contar con estudios técnicos específicos, y obviando  incluso resoluciones de la Sala Constitucional, el Poder Ejecutivo sometió a trámite a la Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley que pretende reducir los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas.

El proyecto denominado  “Ley de rectificación de límites del Parque Nacional Marino Las Baulas y Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre las Baulas de propiedad mixta”, publicado el pasado lunes 29 de junio por el Diario Oficial La Gaceta, fue referido a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa por el Poder Ejecutivo, con las firmas del Ministro de Ambiente, Jorge Rodríguez y el Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias.

De aprobarse este proyecto se daría una reducción clara del actual Parque Marino Las Baulas de Guanacaste, al excluir por completo los 50 metros de Playa Tamarindo, gran parte del área alrededor del Cerro el Morro, elimina los 75 metros de la franja ubicada tierras adentro inmediatamente después de la franja de zona pública a lo largo de Playa Carbón, Playa Ventanas y Playa Grande.

“Lo que más nos preocupa de este proyecto es que la reducción de límites no está basada en ningún estudio técnico que demuestre que el objetivo por el cual fue creado el Parque no se va a ver afectado. Esto es una clara violación al  artículo 38 de la Ley Orgánica de Ambiente, que hace mandatorios este tipo de  estudios para realizar una reducción  del patrimonio natural del Estado”, explicó el Dr. Jorge Jiménez, Director General de la Fundación MarViva.

Adicionalmente, y en una clara violación a una resolución de la Sala Constitucional, el Proyecto de Ley incorpora la figura del comanejo del Parque, bajo la cual, una asociación de propietarios privados y el mismo Estado harían una administración compartida del área protegida. La parte privada de los Refugios de Vida Silvestre Mixto sería manejado por la Asociación de Propietarios. Sin embargo, según el artículo 82 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre y su reglamento, estos espacios deberán ser manejados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en conjunto con los propietarios.

“Si los diputados tramitan este proyecto de ley tal y como se ha presentado, estarían creando un precedente muy negativo, ya que la misma Sala Constitucional y la Contraloría General de la República, se habían manifestado  en contra de la figura del comanejo en los Parques Nacionales de Gandoca Manzanillo en el Caribe, en enero del 2001 por fallo se la Sala IV y Marino Ballena en el Pacífico Sur, en diciembre del 2005 por un dictamen de la Contraloría”, explicó María Virginia Cajiao, Gerente de Incidencia Política de MarViva.

Este proyecto de ley también excluye del Parque las áreas privadas que la Sala ha ordenado expropiar desde hace más de 10 años, autoriza el desarrollo de viviendas unifamiliares, multifamiliares, viviendas turísticas, instalaciones recreativas en lo que es hoy Parque Nacional.

El Parque Nacional Marino Las Baulas fue creado por decreto en 1991, incluye los 125 metros de zona marítimo terrestre (incluyendo 50 metros de zona marítimo terrestre) de Playa Carbón, Ventanas y Playa Grande. Por otro lado incluye los esteros de Tamarindo, Ventanas y San Francisco y sus manglares, el cerro localizado inmediatamente detrás de Playa Ventanas, el cerro El Morro, la Isla Capitán, la Isla Verde, la Zona Pública de 50 metros.

“Fundación MarViva no acepta esta propuesta tal y como fue presentada, ya que no existe seguridad de que esa re definición de límites vaya a ser positiva, no hay estudio que lo demuestre. Nos parece que lo procedente aquí es archivar el expediente y que el Poder Ejecutivo se tome el trabajo de realizar los estudios técnicos pertinentes antes de volver a enviar un proyecto de ley similar”, aseguró Jiménez.

“MarViva estaría dispuesta a participar en una comisión que discuta este tema una vez archivado el expediente (17383), siempre y cuando se cuente con la existencia de un estudio técnico válido y se cumpla con todas las especificaciones que dicta nuestra legislación”

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